Santa Fe
Rubeo: “El estado debe exigir causal de despido a establecimientos educativos que reciben subsidios para su funcionamiento”.
El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Luis Daniel Rubeo, ingresó un proyecto para que las escuelas privadas que reciben subsidio del Estado no puedan despedir a los trabajadores docentes sin invocación de causa.
El legislador expresó que “en
la práctica el Servicio Provincial de Enseñanza Privada sólo se limita a exigir
el cumplimiento del pago de las indemnizaciones ante el despido de un docente”,
y explicó que la modificación propuesta de los artículos 30 y 31 de la Ley 6427 “intenta
desalentar los despidos sin invocación de causa”.
El derecho a percibir el
aporte estatal no es absoluto ni automático. La Ley 6427 establece parámetros que las entidades
deben cumplir para acceder a sus beneficios y sanciona con la pérdida del mismo
diversas acciones que configuran incumplimientos a lo normado.
En este sentido Rubeo sostuvo
que “la nueva redacción del artículo 30 tiende a suprimir despidos injustos
cuya fundamentación pueda evadirse mediante el pago de una indemnización
indirectamente favorecida por la existencia del aporte estatal”, y en cuanto a
la modificación del artículo 31 remarcó que allí “se actualizan las
disposiciones normativas que en la
redacción original hablaban de cesantías y que por imperio de la sanción de la
Ley de Contrato de Trabajo habían quedado derogada en los hechos”.
El diputado también señaló que
“esta normativa no altera ni cuestiona la potestad de los titulares de
establecimientos educativos privados de administrar y dirigir los
establecimientos de los que son parte como así tampoco se afecta el Presupuesto
del Servicio Provincial del Enseñanza Privada”.
En la actualidad la educación
privada en la provincia de Santa Fe contiene a 230.000 alumnos y 22.000
docentes titulares repartidos en 840 establecimientos de los cuales
aproximadamente 630 reciben aportes del 100%.
Por último el presidente de la
Cámara sostuvo que “lo planteado en esta iniciativa beneficia al interés
general, mejora la calidad educativa, e impone una carga razonable a
instituciones que reciben aportes para colaborar con su tarea educativa”.
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