SE RECHAZÓ UNA MEDIDA CAUTELAR
La Municipalidad de Rosario respondió con un informe circunstanciado que opera como contestación a la demanda realizada por un grupo de vecinos que, patrocinados por un letrado local, persiguen el objetivo de que la Justicia ordene al Departamento Ejecutivo retirar el proyecto elevado al Concejo sobre los usos admisibles en el subsuelo de la Plaza San Martín, Plaza del Foro y Sector Adyacente al Distrito Municipal Centro, para permitir la construcción de playas subterráneas de estacionamiento.
Plaza San Martín (Archivo internet) |
“No es legítimo interrumpir los procesos legislativos propios del Concejo, ya que es éste –por mandato popular- quien debe decidir en el trámite de aprobación o rechazo de un proyecto de ordenanza”, sostiene la respuesta oficial formulada por la dirección General de Asuntos Jurídicos municipal.
Por otro lado, se establece que una vez que el Municipio se notifique de lo resuelto por el Tribunal, podrá formular la comunicación prevista en la segunda parte del artículo 8 de la ley 10.000, por la cual se informa al Tribunal que no cumplirá con la cautelar automática, en la medida que su cumplimiento provocara un daño mayor a aquél que pretende evitarse o afectara trascendentemente un interés público, en este caso el correcto desempeño del tránsito vehicular y la planificación urbana.
Por tanto, la Municipalidad de Rosario, oportunamente y una vez que se emita la resolución del Concejo, resolverá solicitar el relevamiento de cumplimiento de la medida cautelar.
Por otro lado, el municipio sostiene enfáticamente que por las características del pliego licitatorio para la ejecución de la futura obra pública, se respeta el entorno y la superficie de la plaza, sin afectarse los edificios circundantes ni las especies vegetales. Se señaló también que si el Concejo aprueba el proyecto y finalizado el proceso licitatorio, debería realizarse y aprobarse por el Ministerio Provincial de Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental; rebatiendo completamente los argumentos que originaron la presentación de la demanda, que sostiene que tal proyecto implicaría afectar el patrimonio urbanístico y arquitectónico del entorno de la Plaza San Martín, además de no cumplir los fines de ordenamiento del tránsito en el macrocentro;