Lo pidió el ingeniero cordobés que recibió cheques sin fondos de la firma del grupo Senor. El procedimiento se hizo en Entre Ríos.
La empresa que fabricó la cosechadora Maag Mitos, la máquina que la presidenta Cristina Fernández puso como emblema de la nueva industria nacional pero que aún no ha podido ser vendida en Angola, fue escenario ayer de un embargo preventivo.
El procedimiento, que se llevó a cabo en la sede de Grandes Máquinas
Concepción del Uruguay SA. en la provincia de Entre Ríos, fue solicitado
por
el ingeniero cordobés Daniel Huarte, quien semanas atrás denunció a
la empresa del
Grupo Senor porque le había pagado su trabajo con
cheques sin fondos.
Como publicó este diario en la edición del 18 de junio último, Huarte fue contratado por Grandes Máquinas para la fabricación de los plásticos de la carrocería de la cosechadora a la que se subió la Presidenta y que fue llevada a Angola en el tour de ventas que organizó el secretario de Comercio interior, Guillermo Moreno.
Según el ingeniero que trabaja en barrio Santa Isabel, él realizó su trabajo “de acuerdo con las especificaciones técnicas de Grandes Máquinas”. Pero las piezas no pudieron acoplarse, los empresarios lo acusaron a él, y comenzó un pleito comercial. En marzo pasado, cuando Huarte intentó cobrar algunos de los cheques con los que le habían pagado, se enteró que no tenían fondos. Uno de los valores pertenecía a una cuenta que había sido cerrada.
Huarte contrató al abogado Luis López y presentó ante el Juzgado Civil y Comercial de 14ª Nominación de la ciudad de Córdoba, a cargo de Gustavo Orgaz, una demanda por más de un millón de pesos contra Grandes Máquinas. En el marco de esa causa y tras haber designado como apoderado al abogado entrerriano Héctor Fidel Rodríguez, se envió un oficio a la Justicia entrerriana que ayer prestó colaboración para la realización del embargo preventivo.
En diálogo con este diario, el abogado López dijo que el procedimiento se realizó “con tranquilidad” porque fueron atendidos “amablemente” por el gerente de la planta Rubén Duarte.
Los oficiales de justicia y los abogados no encontraron ninguna cosechadora, aunque sí un chasis, 20 neumáticos, 14 computadoras, compresores de aire, herramientas, un autoelevador, mobiliario de las oficinas, biombos y separadores metálicos.
“Se inventariaron bienes por dos millones de pesos, de manera preventiva, para que no se enajenen durante dure el juicio. Eso es suficiente para cubrir la demanda de nuestro cliente”, explicó López.
La empresa no brindó información sobre lo ocurrido.
Como publicó este diario en la edición del 18 de junio último, Huarte fue contratado por Grandes Máquinas para la fabricación de los plásticos de la carrocería de la cosechadora a la que se subió la Presidenta y que fue llevada a Angola en el tour de ventas que organizó el secretario de Comercio interior, Guillermo Moreno.
Según el ingeniero que trabaja en barrio Santa Isabel, él realizó su trabajo “de acuerdo con las especificaciones técnicas de Grandes Máquinas”. Pero las piezas no pudieron acoplarse, los empresarios lo acusaron a él, y comenzó un pleito comercial. En marzo pasado, cuando Huarte intentó cobrar algunos de los cheques con los que le habían pagado, se enteró que no tenían fondos. Uno de los valores pertenecía a una cuenta que había sido cerrada.
Huarte contrató al abogado Luis López y presentó ante el Juzgado Civil y Comercial de 14ª Nominación de la ciudad de Córdoba, a cargo de Gustavo Orgaz, una demanda por más de un millón de pesos contra Grandes Máquinas. En el marco de esa causa y tras haber designado como apoderado al abogado entrerriano Héctor Fidel Rodríguez, se envió un oficio a la Justicia entrerriana que ayer prestó colaboración para la realización del embargo preventivo.
En diálogo con este diario, el abogado López dijo que el procedimiento se realizó “con tranquilidad” porque fueron atendidos “amablemente” por el gerente de la planta Rubén Duarte.
Los oficiales de justicia y los abogados no encontraron ninguna cosechadora, aunque sí un chasis, 20 neumáticos, 14 computadoras, compresores de aire, herramientas, un autoelevador, mobiliario de las oficinas, biombos y separadores metálicos.
“Se inventariaron bienes por dos millones de pesos, de manera preventiva, para que no se enajenen durante dure el juicio. Eso es suficiente para cubrir la demanda de nuestro cliente”, explicó López.
La empresa no brindó información sobre lo ocurrido.